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Viernes, 23 Noviembre 2018 10:48

Presidente Duque, ¡dese la pela!

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Por: Camilo Jiménez

Una caída de casi el 50% en su favorabilidad, según la más reciente encuesta Invamer, le ha costado hasta ahora al presidente Iván Duque su proyecto de ley de financiamiento. En particular, su impopular propuesta de imponer IVA a la porción no gravada de la canasta familiar y devolver este impuesto anticipadamente a los sectores más vulnerables es la causa principal.

No obstante, si se mira con más calma, este proyecto incluye muchas disposiciones destacables que mejoran sustancialmente la simplicidad y progresividad del sistema tributario, y que además propenden por dar mayores incentivos a la formalidad, el emprendimiento y la productividad. La creación del régimen tributario simple,la eliminación de la renta presuntiva para las personas jurídicas o la deducción del IVA pagado en bienes de capital son algunos ejemplos de iniciativas por las que el presidente debería darse la pela.

Sin embargo, en el proyecto existen otras propuestas que, si bien se encaminan en la dirección correcta, su formulación actual podría implicar, en la práctica, un efecto contrario al deseado. En particular, deseo enfatizar en algunas alternativas de corrección para dos de ellas.

La primera es la fórmula de devolución del IVA a las familias más vulnerables. Esto corrige acertadamente parte de la regresividad característica del IVA. El problema, sin embargo, es que en su formulación actual es una suma fija no condicionada al pago efectivo del impuesto (es decir, consumo con factura). En este escenario, el consumidor tiene incentivos a recibir la compensación del Gobierno y al mismo tiempo consumir bienes y servicios sin pagar IVA en el sector informal. Esto nos llevaría a un escenario insólito en términos de recaudo y formalización: la devolución disminuye el recaudo total del impuesto y al mismo tiempo incentiva la informalidad.

Ante esto, una solución podría ser determinar el valor de la devolución de acuerdo con la cantidad efectivamente pagada en IVA en el periodo anterior (como una aproximación de lo que se gastará en el periodo siguiente). Su cuantía debe asociarse al valor facturado por cada cédula u hogar, estableciendo un tope máximo. Dadas las dificultades de implementación de esta medida, se podría mantener transitoriamente la devolución de suma fija mientras se establecen los mecanismos necesarios. Con esto, se generaría una alineación de incentivos que permitiría conseguir el objetivo de formalizar muchas transacciones y empresas. Muchos consumidores preferirán consumir con factura para recibir su devolución y, por ende, muchos vendedores querrán también expedirla (apoyados en la facturación electrónica).

Este cambio, al contribuir con la formalización, permite al mismo tiempo reforzar la lucha contra la evasión y mejorar la calidad del gasto público. Con más y mejor información sobre el nivel de consumo de los contribuyentes, dado un mayor número de transacciones formales, se puede mejorar la capacidad de control y fiscalización de la DIAN. Así, la administración tributaria podría mejorar la eficiencia en el recaudo de otros tributos como el impuesto sobre la renta. Además, el Gobierno tendría una fuente de información clave para actualizar con mayor frecuencia las bases de datos de focalización de los subsidios (por ejemplo, el SISBEN), de manera que haga un mejor uso del gasto social.

Por su parte, un segundo punto que debe revisarse es la reducción de la tarifa de impuesto de renta de las empresas. A pesar de su objetivo de incentivar el empleo, en este momento, su disminución es incondicional e independiente del cambio en el nivel de ocupación. Con ello, hay pocos incentivos para que las empresas utilicen estos recursos en la contratación de nuevos empleados. Pero más aún, en estas condiciones tal reducción podría terminar siendo una trasferencia de rentas por la puerta de atrás del Gobierno a los socios de las empresas por la vía de un aumento de las utilidades netas.

Por ello, una propuesta a considerar sería atar la disminución de la tarifa a una variable objetiva de reducción del desempleo. Esto es, condicionar la reducción de la tarifa de los años 2020 en adelante a la evolución de, por ejemplo, la tasa de desempleo nacional, el crecimiento de las cotizaciones de dependientes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) o de otra medida que proponga el Gobierno. La idea, en últimas, es señalizar y garantizar que el objetivo de creación de empleos formales se cumplirá, evitando que esta reducción termine beneficiando solamente a los accionistas.

En fin, estos son apenas algunos ejemplos de modificaciones posibles del proyecto de ley de financiamiento que podrían alinear los mecanismos de la reforma con sus propósitos, facilitando a su vez su trámite en el Congreso. El daño a la favorabilidad del Gobierno ya está hecho. Ahora se debe perseverar en alcanzar acuerdos políticos que permitan sacar la mejor ley posible sin perder de vista los principios y apuestas estructurales que la inspiraron.

@ca_jimenez

 

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