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Martes, 23 Octubre 2018 14:31

Aborto legal, seguro y libre ya

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Juan Camilo Parra

Por: Juan Camilo Parra

Colombia está ante un inminente retroceso en materia de derechos. Aunque hace poco perdió dentro de la Corte Constitucional una ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que limitaba el tiempo en que una mujer podría practicarse un aborto, el peligro no termina. A pesar de la despenalización del aborto aún hay barreras para acceder a el y personas que quieren prohibirlo. La Corte no solo estableció que no se puede limitar el derecho, sino que en Colombia aún hay barreras para realizarlo en las tres causales que estableció en el año 2006 mediante la Sentencia C-355: peligra la salud o vida de la madre, violación o malformación fetal.

El derecho al aborto hay que ampliarlo, garantizarlo y desmoralizarlo; lo que implica una discusión moral, política y legal. Veamos.

Moral, pues la discusión sobre el aborto ha girado bajo la razón religiosa, moral o sensacionalista. Recientemente escuchaba una nota del programa Los Informantes de Caracol, donde acusaban a una madre de “abortar por desamor” y “luchar contra la criatura para que no sobreviviera”. Inclusive, leía a la pastora cristiana Claudia Rodríguez de Castellano quien afirma que el aborto es el asesinato de niños y lo compara con delitos como el secuestro, violación o maltrato de menores. Llevar el aborto a una discusión moral evade la realidad de este.

Cada uno tiene sus creencias y decisiones individuales, pero el aborto es un tema de salud pública; las convicciones personales de alguien no se le pueden imponer al resto de ciudadanos. Es una problemática que no da espera. El aborto hoy en día es una realidad; según la OMS, en el mundo ocurren entre 40 y 50 millones de abortos anualmente, donde alrededor de la mitad de estos son de forma insegura. Incluso, el 13% (70.000) de las muertes de mujeres maternas se debe a la realización de abortos inseguros. Y, las que no mueren, pueden quedar con consecuencias al largo plazo para su salud.

El mencionado fallo de la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República a legislar sobre el aborto. Colombia es un país donde se hace política juzgando con principios morales y religiosos la conducta de las personas; por lo cual, en una eventual reglamentación del congreso, el derecho a decidir continua en peligro de que se le impongan obstáculos, característicos de la excesiva tramitología y burocracia colombiana.

He aquí la discusión política. Los derechos humanos para las mujeres implican que decidan libremente sobre su cuerpo, su sexualidad y su salud reproductiva. La política pasa por asumir el cuerpo como un territorio que se habita y determina, donde priman la autodeterminación y libertad individual; en ese sentido, es inviable obligar a una mujer a finalizar un embarazo que no desea tener. El Estado, por el contrario, debe de garantizar la promoción y apertura a la información sobre los métodos de anticoncepción y la forma de vivir la sexualidad. Según la OMS donde se dispone de métodos anticonceptivos efectivos se disminuye la cantidad de abortos realizados: Más educación sexual es menos abortos. Pero, como ningún anticonceptivo es 100% seguro, los casos de embarazos no deseados seguirán sucediendo; y, por ende, algunos abortos.

¿Queremos que se hagan en la clandestinidad o en espacios seguros y con acompañamiento a la madre? Ello no significa aumentar los abortos en el país (recordemos el aborto no es un método anticonceptivo). En el mundo hay 1 aborto inseguro por cada 7 nacidos vivos. Pero, en América Latina según la OMS sube a 1 por cada 3. Vivimos en una sociedad donde las situaciones de inequidad afectan más a ciertas poblaciones y en ciertas geografías: necesitamos que los abortos inseguros se hagan en la legalidad.

Que las mujeres tengan limitantes para acceder a este derecho constituye una violación a su dignidad y una degradación de su ciudadanía. Las tres causales de la Corte deben ser defendidas hasta el final, porque hoy son terreno ganado para las mujeres en Colombia. Empero, la discusión política ahora debe ser en torno al empoderamiento femenino sobre su cuerpo, lo que implica aceptar que basta con que una mujer admita que no desea llevar a término su embarazo para que sea meritorio realizar una Interrupción Voluntaria.

La discusión en el derecho es clara. Se requiere progresividad en materia de derechos, no regresividad. Es necesario exigir la legalización del aborto (diferente a despenalización por causales) y su garantía en hospitales públicos. Hay congresistas que manifiestan estar de acuerdo con la magistrada Pardo. Es absolutamente inconveniente establecer un límite temporal para el aborto. Es como si un ciudadano tuviera derecho a la educación hasta los 20 años. Según DeJusticia, en una intervención realizada en la Corte Constitucional, las mujeres tienen dificultades estructurales para acceder libre, informadamente y a tiempo al aborto. Así, imponer un limitante de tiempo es hacer inviable el derecho. No lo prohíben, pero no lo permiten.

El Congreso tiene dos opciones. En 20 años, cuando el movimiento feminista haya asegurado la garantía y ampliación de los derechos de las mujeres, el Congreso de Colombia puede haber pasado a la historia como otro actor que intentó limitar los derechos de las mujeres o como un ente garantista y a la vanguardia de la protección de los derechos. ¿Cómo quieren ser recordados? ¿Retroceso de derechos o garantía de los mismos?

La Corte Constitucional en el 2006 no garantizó un derecho a medias. No aceptamos recortes. Las mujeres no van a permitir que se arrebate su derecho a decidir. Las mujeres piden educación para poder decidir, métodos anticonceptivos para ejercer su sexualidad libremente y aborto legal y seguro para proteger su vida. Mujeres, ustedes no están solas.

Instagram: juancamiloparrarestrepo

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