Miércoles, 10 Mayo 2017 13:13

Que no nos hagan trizas el acuerdo

Por: Juan David Torres

Semanas atrás, le fue prohibida la entrada al Congreso a Iván Márquez, de las Farc, y a Pablo Beltrán, del ELN, en el marco de la clausura del Congreso Nacional de Paz, la cual se llevaría a cabo en ese recinto. Como era de esperarse, la medida molestó a la mayoría de los defensores del acuerdo de paz, los cuales apelaron a una plétora de argumentos para defender la idea de que los comandantes de las guerrillas pueden recorrer el territorio nacional dictando cátedras de paz, tal y como lo han venido haciendo en distintas universidades, foros y hasta en la feria del libro. No obstante, esta defensa contumaz de cualquier exceso en nombre del acuerdo, la cual, por cierto, fue crucial para perder el plebiscito, resulta nuevamente poco práctica en la tarea de granjearse el apoyo de los enemigos del acuerdo. Peor aún, fortalece a la extrema derecha en su empresa de, siguiendo a Fernando Londoño, “hacer trizas el acuerdo”.

Entre el galimatías argumental destacaba la alusión al “prefiero verlos haciendo x acción que en el monte disparando”. El problema de este razonamiento es que no aplica para el contexto actual, en cual las partes ya han firmado el acuerdo y se han comprometido a cumplirlo. En otras palabras, la tesis del costo-beneficio no se puede aplicar cuando ya se han pactado los costos a incurrir y se comienzan a percibir los beneficios. En términos coloquiales, se puede afirmar que los sapos ya fueron tragados. Lo que hoy importa es que se cumpla lo pactado y que se garantice su estabilidad en el tiempo.

Ahora bien, se podría aducir que parte del compromiso del Estado es abrir estos espacios a los miembros de la guerrilla. Que ese sapo se acordó. Sin embargo, una revisión exhaustiva del acuerdo permite concluir que esto no hace parte del cronograma estipulado para el desarme y la desmovilización. Nunca se pactó que los comandantes guerrilleros podrían desfilar por el país dictando cátedras de paz, las cuales no son más que un eufemismo para el lanzamiento de su campaña política. No es buen mensaje para una ciudadanía escéptica. Si realmente fueran estratégicos, en el sentido de ganarse el apoyo de los enemigos del acuerdo, no estarían presumiendo campantes sus ínfulas de victoria, sino que contribuirían a acelerar el proceso acordado.

Por su parte, los tiempos de proselitismo político vendrán una vez la guerrilla haya cumplido con lo básico (desmovilización y definición de su situación jurídica) y se haya formado como un movimiento político. En ese momento contará con lo que le prometió el Estado: espacios de participación política y financiación.

De esta manera, la cuestión yace en los tiempos. Hoy lo importante es que se agilice la transición de la guerrilla hacia un movimiento político. Ahora bien, mientras los miembros del secretariado le den una mayor prelación al proselitismo político previo a la entrega de armas y a su paso por la JEP, la percepción ciudadana será la de que los acuerdos no están siendo correctamente implementados. Este es un terreno fértil para la extrema derecha, la cual se encuentra organizando, literalmente, una cruzada para acabar con lo pactado.

A modo de reflexión final, vale la pena recordar que, en medio de la zozobra por defender el ingreso de los guerrilleros al Congreso, se apeló a una idea perversa: que, si Mancuso y sus secuaces fueron recibidos en el recinto hace trece años, ¿por qué se le iba a negar hoy la entrada a los guerrilleros? Es un argumento desafortunado que refleja una moral invertida. Una sociedad democrática debe abogar por eliminar, más no acentuar, esa vieja costumbre de permitirle la entrada a personajes que no han saldado sus cuentas con la justicia a las instituciones del Estado.

Twitter @TorresJD96

Por: Juan David Torres

Colombia se encuentra ad portas de presenciar un debate electoral cargado de calumnias, deshonestidad intelectual y oportunismo político. Veremos candidatos de toda índole endosando el sambenito de “corrupto” a sus contrincantes mientras se jactan de su impecable actuar. No extrañará observar a los inmaculados caudillos buscando recoger la indignación nacional a toda costa apelando a un sinfín de consignas demagogas. En suma, estaremos abocados a un coctel de monólogos superpuestos y ataques personales en el cual las más perjudicadas serán las ideas.

Ahora bien, suprimir las ideas del debate público en una democracia que se indigna más de lo que piensa tiene un agravante: nadie discutirá la posible corrupción en las ideas de quienes se presentarán como alternativa a los corruptos. Por esta razón, debemos entender que la corrupción no es solamente cuestión de unos personajes poco probos que deben ser derrotados, sino que también abarca a quienes, a pesar de no haberse robado un peso, promueven ideas que le abren la puerta a prácticas corruptas o cuyas consecuencias son igual o peores que las que se derivan de la corrupción actual.

Por ejemplo, ¿quiénes son más corruptos, los que se roban tajadas de un contrato o los que con sus ideas mandan por debajo de la línea de pobreza a millones de personas? Es un interrogante difícil de responder pero que nadie trae a la palestra pública. Las pérdidas monetarias asociadas a las prácticas corruptas son recordadas fácilmente por la opinión pública, no obstante, poco se habla de los costos en materia de eficiencia y distribución que tienen las malas ideas, las cuales, casualmente, defienden muchos de los que se arropan con la manta de la honradez.

En Venezuela, quienes prometían acabar con la corrupción derivada de cuarenta años de bipartidismo hoy se lavan las manos frente al desastre causado por sus ideas, el cual le arrebató a la economía treinta años de crecimiento. Curiosamente, muchos de los que hoy nos prometen acabar con la corrupción en nuestro país comparten abierta o soterradamente estos planteamientos. Peor aún, son los mismos que proponen ideas, como la oposición al libre comercio o a la independencia del banco central, de las cuales el país no ha salido bien librado en el pasado. De hecho, de los treinta años que permaneció la economía cerrada y la junta del banco central dominada por políticos nos quedó, en el primer caso, una profunda cultura del soborno y el contrabando pues se volvió éticamente correcto burlar la ley para adquirir bienes importados y, en el segundo, el mayor impuesto a los pobres: la inflación, la cual llegó a superar el 30 % anual. ¿Quién responde por estas ideas? ¿Los que las proponen son conscientes de sus consecuencias? A fin de cuentas, ¿quién es más corrupto?

Si insistimos en un debate en el que destaque, no el que más discuta las ideas, sino el que más grite y descalifique a sus contrincantes, estas preguntas difícilmente se harán, lo cual constituye un peligro para la democracia deliberativa. En nuestras manos está el no dejarnos seducir por la demagogia, la cual, en sí, es un acto de corrupción. De lo contrario, le estaremos abriendo la puerta a personajes que encontrarán un terreno fértil para cambiar las reglas del juego y las instituciones al no ver sus ideas sometidas a la crítica. Ideas tan costosas como la corrupción.  

Twitter: @TorresJD96

Jueves, 13 Abril 2017 11:30

Mentalidad Genocida

Por Juan David Torres

Meses atrás, quien fuese elegido como el “gran colombiano” aseveró en un foro en Madrid que la Unión Patriótica se “autoexterminó” (Ver nota). De la misma manera con la que se justifica la violencia de género, este sujeto apeló al tan mentado “se lo buscó” o “dio papaya” para explicar la barbarie. Sin embargo, no hay por qué sorprenderse. Este ha sido, por décadas, el argumento de marras para subestimar –y hasta negar– el genocidio político en Colombia.

Steven Dudley, en su obra Armas y Urnas, afirma que la sociedad colombiana condenó a la UP a perecer desde antes de su surgimiento como partido político. De hecho, en 1983, un año antes del pacto de La Uribe, la tercera persona más popular del país, según encuestas, era el general Landazábal, conocido por sus diatribas contra los comunistas, de quienes espetaba que eran asesinos por naturaleza, guerrilleros y enemigos públicos a los que se debía exterminar sin remilgos. Guardadas las proporciones, el general era el “gran colombiano” de la época.

No en vano, Dudley recuerda las invectivas de Landazábal para argumentar que el mayor enemigo de la UP no disparó una sola bala contra alguno de sus miembros.

Este enemigo se encuentra allende los sicarios o los mismos autores intelectuales. Va más allá de esa red acéfala de destrucción – Estado, paramilitarismo, narcotráfico, terratenientes – que menciona Andrei Gómez - Suárez en su disquisición sobre los bloques perpetradores que aniquilaron a la UP. (Ver) No se le puede personalizar en una u otra figura que legitime el genocidio político. Después de todo, estas no son más que una consecuencia del verdadero enemigo. El problema no está en uno u otro “gran colombiano” sino en la sociedad y en la forma en la que esta ha sido educada, la cual justifica y normaliza el genocidio político.

Ahora bien, ¿quién es este enemigo? Gómez-Suárez trabaja profundamente el concepto de la mentalidad genocida en Colombia, el cual ha sido examinado a profundidad por autores como Robert Jay Lifton para el caso de la shoah judía en la Alemania nazi. Esta mentalidad encuentra sus condiciones de posibilidad en una sociedad que normaliza la violencia como medio para resolver sus conflictos, estigmatizando a quien piensa diferente y legitimando la barbarie. Fue esta mentalidad el enemigo que nunca le brindó a la UP una oportunidad para aclarar su origen, aquel que siempre se comportó como esa “fuerza letal que entra a matar” que tanto deslumbra a algunos senadores. La mentalidad genocida especula, generaliza y atribuye propiedades peyorativas a los movimientos sociales de manera arbitraria. Es una mentalidad que ve en el bullying su esencia. Esta considera que unas vidas humanas valen menos en la medida en que persiguen ciertos ideales, determinando quiénes son ciudadanos “de bien” y quiénes no. De esta manera, si ocurre el exterminio, es porque las víctimas no tuvieron en cuenta estas reglas de juego.

En este sentido, la reflexión sobre la mentalidad genocida atañe al conjunto de la sociedad. De nada sirve señalar culpables y responder con la misma moneda, estigmatizando, generalizando e insultando de vuelta a los que padecen de esta mentalidad. Estas conductas anulan el diálogo, algo deletéreo para la democracia. En realidad, un país que busca reconciliarse requiere de una reflexión de fondo que intente dar cuenta de por qué se normaliza la violencia clasificando a los seres humanos, restándoles valor selectivamente. Es algo urgente, máxime cuando estamos vislumbrando la escalada de violencia contra los líderes sociales, la cual ha dejado 156 víctimas mortales en los últimos catorce meses (Ver Nota).

Twitter. @TorresJD96 

 

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