Lunes, 11 Agosto 2014 22:57

Desastre Ambiental

 

Colombia está al borde de un desastre ambiental” (Morelli, 2014), esta frase de la Contralora General de la Nación aumenta la angustia que cada día se acrecienta en mi referente a la problemática ambiental en nuestro país. Sequías, inundaciones, contaminación de fuentes hídricas, tala de bosques, minería, cada vez son más las problemáticas que aquejan al débil pero hasta ahora resistente ambiente.

Públicamente expreso mi total indignación frente al manejo de lo que está al borde de convertirse en un desastre ambiental para el país. Exijo, como ciudadano, soluciones para el corto, mediano y largo plazo.

No entiendo como tenemos un país que no se prepara para el cambio climático, un país que en vez de generar una política pública, responsable, seria y coherente con la realidad, disminuye el presupuesto del Ministerio de Ambiente. Es tal la falta de interés que ha demostrado el gobierno que a un debate de control político por el cambio climático, de 4 ministros citados, sólo 1 asiste. Los debates de control político no son un juego mediático, son una responsabilidad con la democracia y la oposición, merecen seriedad y responsabilidad, y más ahora que empieza el gobierno de la paz.

Es urgente un fondo para la adaptación de los municipios y las regiones a los cambios climáticos. Es imperante generar sistemas de recolección y disposición de basuras para las ciudades, además de controlar la polución en éstas y, por supuesto, la movilidad. Yo quiero ver un gobierno verde, un gobierno con un real interés en el ambiente. Es una exigencia la prohibición de la minería en los páramos, ¿o de dónde obtendremos el agua?, promover la expansión en masa de los parques nacionales, ¿o que pasará con el oxígeno y la biodiversidad? y el controlar eficazmente a las empresas ¿o qué pasará cuando omitan aún más el cuidado del ambiente que debería ser asegurado por la ley?

Aplicando un poco de ciudadanía y responsabilidad he intentado hacer pequeños cambios [w1]que generen un aporte, desde el correcto uso del agua o la electricidad y los medios de transporte, hasta no arrojar basuras a la calle , por lo mismo hago un llamado a que cada uno desde sus capacidades aporte a los cambios que se deben realizar, teniendo en cuenta, primero, el verdadero impacto de estas medidas, ya, recientemente, tuve la experiencia de contribuir con agua para donar a la guajira y resulta que era contraproducente por razones logísticas.

No es comprensible que el país sufriera en 2011 una ola invernal que dejó 3.2 millones de afectados y con daños totales por 11.2 billones de pesos y gran parte de la infraestructura[U2](CEPAL & BID, 2012), me impactan las imágenes de la Drummond arrojando carbón al mar en Santa Marta, y no quiero mencionar [U3]las acusaciones hacia esta empresa por nexos con paramilitares[U4], la intensa sequía que vivió la Orinoquía y que ahora vive la Guajira; es que Colombia, el sexto país con mayor agua tiene el 50% de esta contaminada y produce anualmente 9 toneladas de contaminantes (Beleño), pero en este país nadie se responsabiliza hasta que es tarde y mientras tanto la gente agoniza, me estremecen los constantes incendios forestales que se están produciendo y las horrorosas consecuencias de la minería formal e informal en el territorio y finalmente es un absurdo que cada año se deforesten 310349 hectáreas de bosque (Radio, 2013)

Ahora, no creo que todo lo anterior sea una simple coincidencia o hechos aislados, todo lo anterior es una muestra de lo frágil que es nuestro país y que el planeta a gritos nos pide ayuda[U5] a gritos. ¿Dónde queda el gobierno? ¿Dónde están las acciones? No veo resultados, no veo voluntad política. Sólo veo, por ejemplo, unas Corporaciones Autónomas Regionales, que deben regular en materia ambiental cooptadas por la burocracia (Vacia, 2010). Sólo veo ríos contaminados, animales muriendo, bosques en llamas, devastación y sufrimiento. ¡No veo prosperidad!

Por todo lo anterior hago un llamado muy claro, a la ciudadanía a aportar críticamente desde las pequeñas acciones y a presionar con fuerza políticamente al gobierno; a éste último le exijo un entramado de soluciones desde diferentes áreas enmarcadas en una política pública con fines de Estado y no de gobierno. O cuidamos nuestra casa o nadie lo hará. No queda mucho tiempo, las consecuencias podrán ser irremediables si no se actúa ya.

T.@PJuancamilo

Referencias

Beleño, I. (s.f.). El 50% del agua en Colombia es de mala calidad. UNPeriodico. Obtenido de http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/el-50-del-agua-en-colombia-es-de-mala-calidad.html

CEPAL, & BID. (2012). CEPAL. Recuperado el 08 de 08 de 2014, de http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/47330/olainvernalcolombia2010-2011.pdf

Morelli, S. (14 de 10 de 2014). 'Colombia está al borde de un desastre ambiental': Sandra Morelli. (Y. Amat, Entrevistador) El Tiempo. Recuperado el 08 de 08 de 2014, de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12303681

Radio, C. (25 de 03 de 2013). Caracol Radio. Recuperado el 08 de 08 de 2014, de http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-tasa-de-deforestacion-en-colombia-de-1990--2010-fue-de-310349-hectareas-por-ano/20130325/nota/1865028.aspx

Vacia, S. (15 de 12 de 2010). Silla Vacia. Recuperado el 08 de 08 de 2014, de http://lasillavacia.com/historia/estos-son-los-duenos-de-las-car-20652


 [w1]Cuáles cambios

 [U2]Cuál infraestructura

 [U3]Esto sin mencionar

 [U4]presuntos

 [U5]el planeta nos pide ayuda a gritos

 

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Lunes, 28 Julio 2014 23:53

A propósito de la paz

La paz es un término que se define según quien lo predica, en términos generales podría decirse que es un estado en el que la humanidad pudiese vivir en tranquilidad absoluta, esto, refiriéndose a un nivel de confianza en el que se pueda salir a marchar, donde se pueda opinar libremente, donde se pueda diferir a un gobierno, donde la oposición sea un estado y no un miedo.

Creo que las personas temen a llegar a un término de concesión o de paz ya que no se sabe si lo que viene es peor… Es decir, la paz que viene es ¿para quién? y ¿bajo qué condiciones? quién dice que su definición será un bien colectivo, o como siempre, sólo para los que están en el círculo vicioso.

En los diálogos por la misma se habla de cese de fuego bilateral, palabras y más palabras pero: “Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aún siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad.” Juan Pablo II (1920-2005).  En qué más piensa el gobierno que no sea en convenios con otros países, acuerdos y mutuos beneficios, cuando el conflicto está dentro de nosotros.

¿Cómo podremos estar en paz con otros cuando el ser humano en ocasiones no puede estar en paz consigo mismo? La paz se concibe en cada persona, en diferentes términos, con diversas condiciones que le permiten al mismo ser o no feliz, esta  depende de circunstancias y momentos que la determinan.

La paz no dependerá de los gobiernos, esta se definirá tras la voz de un pueblo entero. “O caminamos todos juntos hacia la paz, o nunca la encontraremos.” Benjamin Franklin (1706-1790). Es un pueblo que no pide paz sino que la exige, y que está dispuesto a lograrla bajo las condiciones que su moral permite.

T.@lau94rodriguez

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Lunes, 14 Abril 2014 09:39

Crisis de Argentina

 Una difícil situación económica que afecto a Argentina en los años noventa y principios del dos mil, desato muertes, hambre e injusticias en todos sus habitantes. La política juega  un papel importante en esta situación, puesto que gracias al poder poseído,  la situación que vivió Argentina hace unos años desencadenada por  leyes, mandatos impuestos se vio gravemente afectada. 

La estabilidad de los precios en Argentina fue tal vez el principal problema que llevo a la crisis. El estado no pudo pagar deudas externas, la disminución del producto interno bruto genero los efectos anteriormente nombrados. La creación de una nueva moneda  y el golpe de los salarios en periodo de crisis empeoraron  la situación.  Argentina perdió credibilidad de sus inversores, sus habitantes retiraron  su dinero de los bancos y el gobierno prohibió  el retiro de dinero lo que causo la indiganacion y descontrol de los ahorradores, quienes salieron a las ciudades y calles principales del país protestando por ello, marchas que desencadenaban caos, esta protesta fue llamada “el cacerolazo”. Al principio solo eran manifestaciones ruidosas pero con el tiempo se produjeron saqueos, destrucciones y vandalismo.

Enfrentamientos entre policías ciudadanos, incendios, muertes y caída del gobierno, evidencian como el mal manejo de la economía de un país por medio de quienes tienen el poder (sus gobernantes) y lo manejan mal desencadenan protestas que terminan de la peor forma. 

 

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El escándalo desatado por el discurso discriminatorio de la dirigencia del MIRA – y su sospechoso e inaceptable silencio- fue la mejor excusa para desvelar la última de las múltiples cajas de Pandora del acontecer político nacional y, sobretodo, para reflexionar en torno a la tóxica y explosiva mezcolanza de fe y política.

Lastimosamente en Colombia, como suele suceder en latitudes tropicales, la moda es condición necesaria para el descubrimiento de las enfermedades de la sociedad y para el diagnóstico de los cánceres de las instituciones, así como  la presión de los medios constituye, sin asomo de duda, el más determinante –si no el único- caldo de cultivo para las transformaciones sociales. Era entonces necesario que la Piraquive mamá metiera la pata, y bien hondo, para que hubiera consciencia sobre las funestas consecuencias que acarrea la manipulación de la fe y el abuso de la libertad de cultos con respecto a la igualdad y la transparencia que -se supone- debe prevalecer en el juego electoral. Fue necesario también, a manera de introducción, que se eligiera y reeligiera a un déspota y fanático procurador para dimensionar el riesgo que comporta la intromisión de la religión en la política.

El tema no se había puesto de moda porque hasta hace poco venían haciendo las cosas de una manera políticamente correcta. Detentaban un prestigio que era atribuido más a su férrea disciplina de partido que a la vergonzosa ventaja electoral que supone conseguir votos desde el púlpito.

Sin embargo la discapacidad, un asunto tan sensible como trascendental, ameritaba un tratamiento igualmente cuidadoso y prioritario de su parte. Pero la fama y el prestigio les pasaron cuenta de cobro y las desafortunadas declaraciones, en su vanidad y en su egolatría,  pusieron en duda  la credibilidad de su método de adoctrinamiento religioso – y político- que tantos frutos les reportó para posicionarse y mantenerse como el primer –y único- movimiento cristiano en el mapa electoral colombiano.

Ahora el ingrato curso de la opinión pública los pone como protagonistas de una de las más graves enfermedades de la sociedad y  cánceres de las instituciones: la mezcolanza entre política y religión.

La manipulación de la fe para conseguir votos y hacerse al poder es de lo más perverso. Al Estado le corresponde satisfacer necesidades, garantizar derechos y respetar libertades públicas, y no cercenarlas entrometiéndose en las creencias de sus asociados. Los colombianos precisan de educación, salud, justicia, seguridad, saneamiento básico, libertad de conciencia, de prensa, ¡de cultos, paradójicamente!, de paz… Todo lo cual, con obvias limitaciones, es del resorte del Estado que debe actuar directamente para cumplir con su función. Pero el Estado no puede -ni debe- intervenir directamente para que los colombianos sean personas de bien y encuentren su paz espiritual y personal, más allá de ofrecerles las condiciones para que lo logren. De ahí para allá, como se dice coloquialmente, actúa la moral y religión, a cuyo tenor sí puede juzgarse quién es persona de bien y conducirse al individuo hacia la plenitud espiritual y sentimental, sin que pueda cuestionársele por ello. El Estado, en consecuencia, no puede –ni debe- dictaminar qué es ser una persona de bien ni quién es una persona de bien.  Sí le corresponde determinar, previamente, qué actos de sus ciudadanos lesionan los bienes jurídicos más preciados para la vida en sociedad y castigar a quienes los cometan; jamás imponerles un modo de ser, una manera de comportarse, porque entonces deja de ser un verdadero Estado demoliberal para convertirse en un régimen, una dictadura y un totalitarismo.

Lo que hacen el Movimiento MIRA y sus asimilados es valerse de la predica de la moral y la religión para acceder al poder público, cuando lo público debe deslindarse de lo espiritual. Manipulan las conciencias y las mentes a las que acceden por virtud de la religión para que acudan a las urnas con la fe y no con la razón; con el corazón y no con el cerebro.

Son empresas religioso-electorales que aprovechan las ventajas que el Estado ofrece a quienes se dedican a promover el culto para conseguir votos, ya que no están sujetas a los límites de los demás movimientos o partidos  y, por lo tanto, disponen de la ventaja de hacer política mientras predican, antes o después de cuando está permitido, sin que puedan ser controladas por ello.

Lo dicho no implica que todas las iglesias actúen de esta manera. Estoy convencido de que casos como el del MIRA son la excepción. De hecho  hay casos sobresalientes de cristianos en la vida pública, como los de Viviane Morales y el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, cuyas profundas convicciones contribuyen a su liderazgo.

El escándalo, que alerta a quienes aun no hemos caído en las redes de este tipo de movimientos,  deja como saldo un sinnúmero de mentes adoctrinadas respecto de las cuales no parece haber marcha atrás; como conclusión, la necesidad de limitar su actividad política, porque la religiosa es inalienable; y como moraleja, una consigna curiosamente cristiana: Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

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Miércoles, 08 Enero 2014 00:33

Todo menos la educación

Si el Gobierno y las FARC suscribieron un Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, sobre la base de que debe promoverse el desarrollo económico con justicia social, el desarrollo social con equidad y bienestar y la ampliación de la democracia, la educación,  como eje del desarrollo económico y social que tanto invocan, o la ausencia de ella, que es una de las principales causas del conflicto, tenía que haber sido el primer punto de la agenda de La Habana. Pareciera que a los negociadores, como a la mayoría de los colombianos, todo les importa menos la educación.

Si hay un mérito que haya de reconocérsele al proceso de paz que actualmente se adelanta por el Gobierno y las FARC -fuera de la genuina voluntad que parece impulsar a las partes-, es que pretende atacar las causas que originan el conflicto y darles cabal solución en la fase de implementación. No de otra manera se justifica que la agenda de negociaciones incluya dentro de sus famosos cinco puntos los temas de Una Política de desarrollo agrario integral, Participación política en el postconflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, Víctimas y Fin del conflicto.

Nadie se tragaría el sapo de negociar con las FARC buena parte de los cimientos del Estado colombiano, como los que se están discutiendo, si no fuera porque la única manera de acabar con este absurdo conflicto, bélico y social, es la desactivación de los gérmenes del conflicto, como la desigualdad y la inequidad, y de los agentes que lo han agravado, como el narcotráfico y la sistemática violación de derechos humanos (de parte y parte).

Entonces, si de lo que se trataba era de erradicar las causas del conflicto, ¿por qué las FARC, que posan de adalides de la justicia social, no se la jugaron por la inclusión de la educación en la agenda? ¿Por qué tampoco el Gobierno, que se dice social e impulsor de la innovación como motor del desarrollo?

Si bien es cierto que una política de desarrollo agrario integral, la indemnización de las víctimas y la restitución de las tierras despojadas, temas que sí hacen parte de la agenda, representarían un gran avance, jamás serían suficientes para desactivar las causas del conflicto y combatir la desigualdad, según las confesas motivaciones del proceso de La Habana.

En efecto, el desarrollo económico con justicia social y en condiciones de competitividad no es posible sin conocimiento y progreso técnico, es decir, sin educación. Ya lo decía un ejemplo de reivindicación social, Diego Luis Córdoba, por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. El progreso social con equidad y bienestar no solo no es posible sin educación, sino que es sinónimo de ella. Donde hay educación no hay distinción de clases, diría Confucio. Y la ampliación de la democracia no es otra cosa que la formación de más y mejores ciudadanos, mediante la educación. No en vano el fundador de la Academia sentenció que el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano.

Este proceso de paz era sin duda la mejor oportunidad para transformar el inoperante, ineficaz, ineficiente y atolondrado sistema educativo colombiano, en uno sólido, estable, sostenible y vigoroso, eje del pretendido desarrollo económico y social del país, soporte del presuroso e inclemente postconflicto y hacedor de la verdadera democracia. Las FARC y el Gobierno todavía tienen la sartén por el mango, entonces ¿qué esperan en La Habana para sustituir las AK-47, muerto su creador, por el arma de la educación? Al fin y al cabo la educación es la única herramienta legítima a disposición de los menos afortunados para hacerse parte de la sociedad, la cual, en el caso colombiano, tiende a excluirlos cada vez más.

@HumbertoIzqSaa 

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Miércoles, 08 Enero 2014 00:14

Cuando la opinión es un delito

Las garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia están amenazadas. En realidad, nacieron muertas. Se agrava esto cuando tampoco hay garantías para la opinión, mucho menos para la investigación científica y académica; luego, hablar de democracia en la Colombia de Juan Manuel Santos, es hablar de otro falso positivo más en cabeza suya.

El 2013 fue el año de la movilización social, pero pese a que significó un repunte importante para la protesta callejera y para las organizaciones populares, también a estas les costó caro. Los dardos fueron de todo tipo. Dieciséis (16) muertos y doscientos sesenta y dos (262) detenidos, tan solo en el marco del Paro Agrario y del Catatumbo. A ello hay que sumar un sinfín de persecuciones y señalamientos, lanzados por el propio Santos y su ministro de defensa en contra de las organizaciones que impulsaron la movilización social en 2013.

Nada sorprende. Generalmente un doble discurso es una doble moral. Los poderosos de este país, y Santos es uno de ellos, saben bastante de eso. A la vez que se habló en La Habana, durante la primera mitad del año, de democratizar el acceso a la tierra, se impulsó la ley de baldíos en consonancia con el manejo concentrado de ésta que hoy impera; y mientras en la segunda mitad del año se habló de garantías para la participación política, se reprimió la protesta ciudadana, se destituyó al alcalde Petro, se le dieron plenos poderes al Procurador en respuesta a la tutela interpuesta por Piedad Córdoba, y además se apresó Huber Ballesteros -miembro del Comité Ejecutivo de la CUT, vicepresidente de Fensuagro y vocero de los campesinos en medio del Paro Agrario- y, ahora, al profesor universitario y dirigente social, de toda la vida, Francisco Toloza, miembro además de la dirección nacional de la Marcha Patriótica.

La “combinación de todas las formas de lucha”, de la que tanto se acusa a la izquierda colombiana, la viene aplicando el régimen desde hace bastante tiempo. Participan en elecciones, pero además compran y venden votos, también persiguen, destituyen, inhabilitan, desaparecen, matan… y encarcelan, es decir, matan dos veces. De ello surgen varias consideraciones. Quizá la más importante y significativa tiene que ver con las posibilidades democráticas que hay en Colombia para construir un proyecto alternativo de nación. Si en el país se pretende avanzar realmente hacia la reconciliación y la paz, el lenguaje del odio, es decir, la política a través del miedo, deberá desaparecer. El discurso del terrorismo, que tiene tras sí una larga lista de cuestionamientos académicos y políticos, no puede servir para descalificar al contradictor político en una democracia.

Hoy las paradojas saltan a la vista. El gobierno prefiere financiar reclusos que estudiantes, aún cuando los primeros le cuestan $5.425.000 al año, mientras que a los segundos les invierte apenas la mitad. Además, no solo le quita el presupuesto a las universidades, también autonomía, les cercena la libertad de cátedra y… les quita estudiantes, como tantos que han sido asesinados, exiliados y encarcelados. También les quita docentes. Claro, no sólo con la política educativa en la que hay más profesores de hora cátedra que de planta, sino también apresando y señalando perspectivas críticas como las que han defendido desde las aulas, los pasillos y las cafeterías universitarias muchos, así como Francisco Toloza, quienes encuentran sus delitos en la opinión, en la participación en política, en el ejercicio del derecho a protestar y a disentir. Es decir, en aportar desde la academia a la construcción de un mejor país, en el que, mínimamente, la opinión no sea un delito.

Seguramente la coyuntura electoral que se avecina, tratará de obviar muchas de las discusiones de fondo que se abrieron en 2013, pero lo que es cierto es que deberá servir para reflexionar sobre la existencia misma de la democracia. Quedó agendado en La Habana convocar un debate sobre el estatuto de la oposición, pues habrá que iniciarlo cuanto antes y la primera garantía debería ser el cese de la criminalización del pensamiento disidente y necesariamente tendrá el gobierno que dar gestos de buena voluntad. El más sincero de todos, sería la libertad de las y los presos de conciencia. 

Nota: ¿Será que la CIA también ayuda a construir y emplear bombas inteligentes contra los dirigentes sociales?

@FernandoVeLu

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Martes, 10 Diciembre 2013 10:25

Al menos el Gobierno

Nadie pone en duda que las negociaciones de La Habana son el tema del momento, sea por la influencia que seguramente van a tener en el resultado de las elecciones venideras o bien porque de ellas depende, a juicio de muchos, un salto en el desarrollo del país.

Sin embargo, a pesar del protagonismo mediático que ha suscitado la instalación de la mesa de negociaciones, asfixiante por lo demás, y de las múltiples discusiones trabadas en torno al contenido de la agenda y las condiciones en las cuales se discute, pocos parecen estar ciertos en cuanto al verdadero estado del llamado “proceso de paz”.

Diariamente los líderes de opinión hacen cuentas alegres con el presupuesto público en sus disertaciones periodísticas, académicas o políticas. Vaticinan, por ejemplo, un aumento significativo en el gasto público social, especialmente en educación, a expensas de la correlativa disminución en defensa.

Los políticos, por su parte, si no están renegando contra las negociaciones en La Habana, como la inmensa mayoría de uribistas, también hacen cuentas alegres, ¡pero con los votos!, como los conservadores. Nada más puede esperarse de un partido que, en los últimos meses, de todos los titulares de prensa que protagoniza, sólo en uno tiene que ver con un asunto de fondo.

Pero no se ilusionen. Como buen representante de la muy venida a menos estirpe conservadora, Efraín Cepeda, consultado con ocasión del acuerdo sobre   el segundo punto de la agenda en La Habana, declaró que prefería a las FARC luchando por el poder en las urnas que por las armas, como si los colombianos tuviéramos que agradecerle por el sacrificio de sentarse al lado de Timochenko. Bien podría aparecer el uno al lado del otro en una de las famosas vallas de Pachito, quien por lo menos era gestor de risas y no de burlas, como Oscar Iván.

Pero una reciente encerrona nos privó de esas risas, al mejor estilo bajo y ramplón de una encerrona uribista a la que –en esta oportunidad- llamaron convención. ¿Cómo le llamarán cuando se den cuenta que Oscar Iván no era el gallo?, ¿y cuando se den cuenta que el tal gallo no existe? Ese es el espíritu de la paz con justicia del doctor Uribe, de la Palomita de la guerra y del primo del patrón del mal.

Entre tanto el Procurador, en ejercicio del poder clerical hecho Ministerio Público, no tuvo reparo en viajar a La Haya, a costa del bolsillo de los colombianos, a desacreditar el proceso de paz con base en una supuesta y falaz impunidad. El Fiscal General y el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, que sí están cuerdos y respetan el Derecho, afortunadamente le advirtieron que no era momento para levantar ese tipo de juicios sin sustento y el ministro del Interior, uno de los pocos que sí parece ser leal al presidente Santos, naturalmente salió a defender el proceso asegurando que no iba a haber impunidad.

Lo cierto es que el proceso de paz está en párvulos, pero no por ello debemos desconocer que es eso, un PRO-CE-SO, y no una coyuntura que mágicamente emerge como la solución a todos los problemas políticos, económicos y sociales de una precaria democracia, de una recién reactivada economía, de una sociedad desigual, como Colombia.    

Hace falta hacer conciencia en cuanto a que una cosa es la paz, propiamente dicha, y otra bien distinta es el acuerdo del fin del conflicto. Lo que se negocia en La Habana es el fin del conflicto, entre otras cosas, porque la paz no se negocia y mucho menos por unos cuantos delegados de parte y parte.

De ahí que las negociaciones o el acuerdo mismo no sean motivo válido para despedir a 200 mil soldados y destinar esos recursos a otros fines, para que el procurador viaje a La Haya a “meter cizaña” o para que en la vida política nacional le hagan cajón a quien lidera las encuestas, sólo porque le va mejor imitando a Andrés López que a Álvaro Uribe.

El gasto en guerra se va a mantener mientras haya narcotráfico y bandas criminales, las cuales no se van a acabar con el fin del conflicto. El gasto para la paz va a ser financiado con otros recursos, como los que provengan de la sociedad internacional, Ordoñez va a tener que llorar porque ya la Corte Internacional de Justicia le dejó en claro que Colombia era autónoma y los colombianos, en general, así como la clase política, en particular, van a tener que entender que la erradicación de la violencia de la cultura nacional es condición para conseguir la tan anhelada paz.

Al menos el Gobierno lo tiene claro, aunque no lo demuestre, o sus asesores no sean capaces de hacerlo. Primero porque tuvo la valentía de jugársela por una mesa de negociación a todas luces impopular y, segundo, porque así se desprende del Presupuesto general de la Nación, cuya lectura, por cierto, es uno de tantos deberes ciudadanos incumplidos que mucho le aportaría a la paz.

Parágrafo: Aunque no parezca, soy abogado, y como abogado que se respete, siempre tengo mi parágrafo. En esta oportunidad va para la contralora y el fiscal, dos que no parecen haber demostrado actitud de paz en los últimos tiempos. Alguno de los dos es el corrupto, claro está, pero yo, creo más en él que en ella. El tiempo lo dirá…

 

@HumbertoIzqSaa

 

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Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, aun cuando estos no tienen un asiento en la mesa de negociación. Sin embargo, aun no es claro cual es el papel que deben cumplir.

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