Elementos filtrados por fecha: Marzo 2017

Por: Juan David Torres

Colombia se encuentra ad portas de presenciar un debate electoral cargado de calumnias, deshonestidad intelectual y oportunismo político. Veremos candidatos de toda índole endosando el sambenito de “corrupto” a sus contrincantes mientras se jactan de su impecable actuar. No extrañará observar a los inmaculados caudillos buscando recoger la indignación nacional a toda costa apelando a un sinfín de consignas demagogas. En suma, estaremos abocados a un coctel de monólogos superpuestos y ataques personales en el cual las más perjudicadas serán las ideas.

Ahora bien, suprimir las ideas del debate público en una democracia que se indigna más de lo que piensa tiene un agravante: nadie discutirá la posible corrupción en las ideas de quienes se presentarán como alternativa a los corruptos. Por esta razón, debemos entender que la corrupción no es solamente cuestión de unos personajes poco probos que deben ser derrotados, sino que también abarca a quienes, a pesar de no haberse robado un peso, promueven ideas que le abren la puerta a prácticas corruptas o cuyas consecuencias son igual o peores que las que se derivan de la corrupción actual.

Por ejemplo, ¿quiénes son más corruptos, los que se roban tajadas de un contrato o los que con sus ideas mandan por debajo de la línea de pobreza a millones de personas? Es un interrogante difícil de responder pero que nadie trae a la palestra pública. Las pérdidas monetarias asociadas a las prácticas corruptas son recordadas fácilmente por la opinión pública, no obstante, poco se habla de los costos en materia de eficiencia y distribución que tienen las malas ideas, las cuales, casualmente, defienden muchos de los que se arropan con la manta de la honradez.

En Venezuela, quienes prometían acabar con la corrupción derivada de cuarenta años de bipartidismo hoy se lavan las manos frente al desastre causado por sus ideas, el cual le arrebató a la economía treinta años de crecimiento. Curiosamente, muchos de los que hoy nos prometen acabar con la corrupción en nuestro país comparten abierta o soterradamente estos planteamientos. Peor aún, son los mismos que proponen ideas, como la oposición al libre comercio o a la independencia del banco central, de las cuales el país no ha salido bien librado en el pasado. De hecho, de los treinta años que permaneció la economía cerrada y la junta del banco central dominada por políticos nos quedó, en el primer caso, una profunda cultura del soborno y el contrabando pues se volvió éticamente correcto burlar la ley para adquirir bienes importados y, en el segundo, el mayor impuesto a los pobres: la inflación, la cual llegó a superar el 30 % anual. ¿Quién responde por estas ideas? ¿Los que las proponen son conscientes de sus consecuencias? A fin de cuentas, ¿quién es más corrupto?

Si insistimos en un debate en el que destaque, no el que más discuta las ideas, sino el que más grite y descalifique a sus contrincantes, estas preguntas difícilmente se harán, lo cual constituye un peligro para la democracia deliberativa. En nuestras manos está el no dejarnos seducir por la demagogia, la cual, en sí, es un acto de corrupción. De lo contrario, le estaremos abriendo la puerta a personajes que encontrarán un terreno fértil para cambiar las reglas del juego y las instituciones al no ver sus ideas sometidas a la crítica. Ideas tan costosas como la corrupción.  

Twitter: @TorresJD96

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Sábado, 22 Abril 2017 18:23

La Colombia medieval

Por: Sebastian Zapata

Con gran estupor escuché y leí hace poco unas declaraciones del ex procurador, Alejandro Ordoñez, en respuesta a algunas posturas, algo polémicas, sobre la religión dadas por el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Y es que mi sorpresa surgió al ver que en sus redes sociales el señor Ordoñez lanzó interrogaciones tan retrogradas y sensacionalistas como, por ejemplo: “¿Dejaría usted la salud de su familia y la educación de sus hijos en manos de un ateo?”. Pregunta que, a mi parecer -y a partir de que vivimos en un Estado laico-, se puede catalogar como errónea y esquizofrénica.

Si bien, para nadie es secreto los brotes neoconservadores que se vienen dando en varios rincones del globo -el caso por excelencia en Colombia ocurrió el año pasado cuando múltiples corrientes cristianas salieron a las calles y generaron opinión pública sobre la mal llamada “ideología de género”-, hay que ser cuidadosos, críticos y reflexionar sobre estos procesos, debido a las mismas implicaciones colectivas y los posibles retrocesos sociales que pueden traer consigo.

Y es que per se, estos “resurgimientos religiosos” no tienen moralmente nada de cuestionable, porque la fe de cada persona o comunidad es netamente respetable, el problema realmente reside cuando se busca, por parte de ciertas figuras públicas y creadores de opinión, retornar a modelos teocráticos, donde la religión es el único fin del hombre y la única capaz de dictaminar el acontecer como sociedad.

Es claro que las religiones dan estabilidad social y respuestas a diversos vacíos existenciales, sin mencionar sus múltiples lecciones éticas que pueden aportar a la formación espiritual de los individuos. Pese a ello, insisto que se debe mirar lo complejo que puede ser, por ejemplo, combinar los postulados religiosos con la toma de decisiones vinculantes a nivel político, económico y/o cultural.

Y es que, para comprobar este peligro al que hago referencia, basta con mirar la historia y recordar los millones de muertos que dejó la instrumentalización o mal interpretación de la fe en los cinco continentes hace varios siglos o prestar atención a la actual irracionalidad de miles de sujetos en Medio Oriente y parte de África que, debido a la malversación interpretativa de su credo, tienen a varios países y pueblos sumergidos en el caos.

Reitero, en lo personal, me preocupan los intereses de ciertos actores en el país, como el ex procurador Ordoñez y sus feligreses, que abogan por una Colombia medieval, en la que se busca imponer a los funcionarios el requisito de ser católicos, en la que se pretende que ciertas minorías no puedan coexistir con el resto de la ciudadanía, en la que se quiere que las políticas, planes y proyectos estén en pro del designio de Dios, entre otras tenebrosas particularidades.

Por esto, es fundamental comprender que los procesos de secularización que se han dado históricamente no evaporan ni eclipsan la religión, sino que, más bien, le dan un espacio funcional en la comunidad, apartándola de escenarios como la política y la economía, con el fin de evitar controversias, instrumentalizaciones y malos usos a los postulados religiosos.

Por ello, hay que recordarle a Alejandro Ordoñez y a otros individuos que abogan de manera extrema por el credo religioso, que la política y las políticas deben orientarse bajo parámetros y lineamientos medianamente objetivos que respondan a las necesidades terrenales, no a creencias singulares ancladas a patrones de fe.

Twitter @sebastianzc

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Jueves, 13 Abril 2017 11:30

Mentalidad Genocida

Por Juan David Torres

Meses atrás, quien fuese elegido como el “gran colombiano” aseveró en un foro en Madrid que la Unión Patriótica se “autoexterminó” (Ver nota). De la misma manera con la que se justifica la violencia de género, este sujeto apeló al tan mentado “se lo buscó” o “dio papaya” para explicar la barbarie. Sin embargo, no hay por qué sorprenderse. Este ha sido, por décadas, el argumento de marras para subestimar –y hasta negar– el genocidio político en Colombia.

Steven Dudley, en su obra Armas y Urnas, afirma que la sociedad colombiana condenó a la UP a perecer desde antes de su surgimiento como partido político. De hecho, en 1983, un año antes del pacto de La Uribe, la tercera persona más popular del país, según encuestas, era el general Landazábal, conocido por sus diatribas contra los comunistas, de quienes espetaba que eran asesinos por naturaleza, guerrilleros y enemigos públicos a los que se debía exterminar sin remilgos. Guardadas las proporciones, el general era el “gran colombiano” de la época.

No en vano, Dudley recuerda las invectivas de Landazábal para argumentar que el mayor enemigo de la UP no disparó una sola bala contra alguno de sus miembros.

Este enemigo se encuentra allende los sicarios o los mismos autores intelectuales. Va más allá de esa red acéfala de destrucción – Estado, paramilitarismo, narcotráfico, terratenientes – que menciona Andrei Gómez - Suárez en su disquisición sobre los bloques perpetradores que aniquilaron a la UP. (Ver) No se le puede personalizar en una u otra figura que legitime el genocidio político. Después de todo, estas no son más que una consecuencia del verdadero enemigo. El problema no está en uno u otro “gran colombiano” sino en la sociedad y en la forma en la que esta ha sido educada, la cual justifica y normaliza el genocidio político.

Ahora bien, ¿quién es este enemigo? Gómez-Suárez trabaja profundamente el concepto de la mentalidad genocida en Colombia, el cual ha sido examinado a profundidad por autores como Robert Jay Lifton para el caso de la shoah judía en la Alemania nazi. Esta mentalidad encuentra sus condiciones de posibilidad en una sociedad que normaliza la violencia como medio para resolver sus conflictos, estigmatizando a quien piensa diferente y legitimando la barbarie. Fue esta mentalidad el enemigo que nunca le brindó a la UP una oportunidad para aclarar su origen, aquel que siempre se comportó como esa “fuerza letal que entra a matar” que tanto deslumbra a algunos senadores. La mentalidad genocida especula, generaliza y atribuye propiedades peyorativas a los movimientos sociales de manera arbitraria. Es una mentalidad que ve en el bullying su esencia. Esta considera que unas vidas humanas valen menos en la medida en que persiguen ciertos ideales, determinando quiénes son ciudadanos “de bien” y quiénes no. De esta manera, si ocurre el exterminio, es porque las víctimas no tuvieron en cuenta estas reglas de juego.

En este sentido, la reflexión sobre la mentalidad genocida atañe al conjunto de la sociedad. De nada sirve señalar culpables y responder con la misma moneda, estigmatizando, generalizando e insultando de vuelta a los que padecen de esta mentalidad. Estas conductas anulan el diálogo, algo deletéreo para la democracia. En realidad, un país que busca reconciliarse requiere de una reflexión de fondo que intente dar cuenta de por qué se normaliza la violencia clasificando a los seres humanos, restándoles valor selectivamente. Es algo urgente, máxime cuando estamos vislumbrando la escalada de violencia contra los líderes sociales, la cual ha dejado 156 víctimas mortales en los últimos catorce meses (Ver Nota).

Twitter. @TorresJD96 

 

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Por: Sebastian Zapata

Hace algunos años cuando finalizaba el pregrado en Ciencia Política, decidí realizar mi tesis sobre la teoría de la falla estatal y desde aquel tiempo no he tenido que hacer mayor análisis empírico en nuestra región acerca del tema, debido a que, aunque Sudamérica pase por constantes problemáticas o perviva en medio de un conflicto social latente, no se ha caracterizado por sufrir grandes sobresaltos que conduzcan a determinar que uno de sus Estados está próximo a ser fallido o, en el peor de los casos, a colapsar.

Pese a esto, y analizando los acontecimientos recientes en el país vecino, Venezuela, considero que allí se ha generado un panorama realmente problemático y preocupante, que, de darse un par de sucesos, puede desencadenar en una situación tan critica que ese territorio llegaría a convertirse en el primer Estado fallido de nuestra latitud, en la historia reciente. Claramente, el Estado que estuvo en una situación similar a la Venezuela de hoy, fue lastimosamente Colombia, cuando a finales de la década de 1990 y principios del 2000, casi pasa la línea de Estado débil a Estado fallido.

Retomando, lo grave del asunto y observando como se vienen desarrollando las dinámicas venezolanas, es notorio que en esa nación poco a poco se va encubando un Estado fallido, muestra de ello es que la Venezuela de hoy es básicamente un Estado mono exportador de un producto que no pasa por su mejor momento, el petróleo; posee unas tasas de desempleo que oscilan por el 20%- aunque las cifras del oficialismo lo nieguen-; ha pasado por graves contracciones de su PIB; se ha venido caracterizando por tener tasas de inflación insostenibles; convive con una escasez de más del 50%; su población pobre acapara 3 de cada 4 habitantes; tiene una catastrófica posición en el Índice de Paz Global; esta en los primeros 20 puestos del Índice de Percepción de la Corrupción; su lugar en el Índice de Competitividad es deplorable; y, su tasa de homicidios es alarmante. Solo por mencionar algunas penosas situaciones con las que deben convivir los venezolanos en la actualidad.

Ahora, pareciese que solo faltan un par de condiciones o sucesos para que Venezuela finiquite su entrada al decadente club de los Estados fallidos. Por ejemplo, entre dichas condiciones está el traspaso total de la delgada línea que separa un sistema político autoritario de uno dictatorial. Este último modelo, que se caracteriza por difuminar la división de poderes, si es aplicado a una hipotética praxis venezolana representaría un Nicolás Maduro detentando las diferentes ramas del poder.

Y este panorama dictatorial, algo que tal parece no es muy irreal ni que le disguste al mandatario venezolano, tiene su fidedigna muestra en lo acontecido días atrás, cuando, obviamente él tras bambalinas, ayudo a orquestar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela- para nadie es un secreto que dicho tribunal es una figura titiretezca a favor de los intereses del gobernante bolivariano-.

A pesar de que recientemente, en el papel, a la Asamblea se le devolvieron sus funciones- luego de un reversazo del régimen fruto probablemente del reclamo internacional- quedo más que demostrado que lo que Montesquieu pensó como la separación de poderes, en Venezuela se puede volver a desdibujar en cualquier momento, quizás de manera definitiva, gracias a los cálculos políticos de Maduro y su gran influencia institucional dentro del régimen.

En este orden, y pese a que Venezuela ha podido convivir un tiempo considerable con una aguda polarización política, un escenario como el que se está configurando actualmente, donde Maduro ya no teme ignorar y desobedecer directa o indirectamente ciertas lógicas del modelo democrático, puede conducir a contextos más conflictivos, violentos y, en última instancia, bélicos o insurgentes.

Lo anterior, posiblemente, desencadenaría en lo que considero una segunda condición o más bien el jalón final hacia un Estado fallido en la hermana república, que no es más que el estallido social venezolano, caracterizado, básicamente, por un posible contexto de ciudadanías armadas. Insisto, este segundo escenario tampoco es descabellado, si se tiene presente la conflictividad política que vive esa nación, la presencia de grupos paraestatales, pequeños señores de la guerra, grupos armados ilegales extranjeros (colombianos concretamente), la radicalidad extrema de algunos sectores pro o contra establecimiento, y demás.

Para finalizar, y más allá de que se cumplan o no las condiciones propias para terminar de configurar una Venezuela fallida, me aventuro a decir, como también lo pensarán muchos, que el futuro de nuestra nación fronteriza es bien etéreo. Por ello, es bastante probable que de continuar con el actual patrón de toma de decisiones caprichosas e irracionales de un mandatario no apto para su cargo, se van a convertir más temprano que tarde en el primer Estado fallido de la Sudamérica contemporánea, porque ya pareciese que están ad portas de serlo.

Twitter. @sebastianzc

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