Viernes, 03 Abril 2020

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Diversas opiniones ha generado la elección de Néstor Humberto Martínez como nuevo Fiscal general de la nación ya que tendrá un papel crucial en el posconflicto con Olga Lucía Velásquez ,Jona Isaac VillamilJorge Camargo Tovar y Diego Martínez Dela Vega -Radio.amiga Internacional

 

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Humberto de La Calle (Jefe Negociador del Proceso de Paz), es sin duda uno de los hombres más serios que está sentado en la Mesa de los Diálogos de Paz que se adelantan en la Habana (Cuba), un hombre con una trayectoria importante en la materia y una figura política honorable, motivos por los cuales su participación me da un parte de confianza. Sin embargo, los anuncios pedagógicos sobre la paz, realizados en plena campaña electoral, me generan tantas dudas como a usted.

He reiterado en mis publicaciones lo costoso que es hacer la paz en medio de la guerra y no hablo precisamente de temas económicos, porque mientras en un estado de confort, ellos tratan de negociar la paz, aquí seguimos pagando con vidas, víctimas e injusticias el costo de vivir en guerra. Por esta razón recibí con extrañeza el siguiente vídeo: (ver video)

Así que vale recordar los titulares de noticias crueles como: “Las FARC usaron ‘niños bomba’ en Tumaco”, “Explosión CAI Chapinero”, “Soldado pierde la vida en medio de ataque guerrillero en Arauca”. Para cualquier ser humano, leer estas noticias es algo totalmente desafortunado, sin embargo para los negociadores, como se interpreta de las palabras de Humberto de la Calle, es un riesgo para poder lograr la paz.

Al contrario de los que defienden la paz que plantea el gobierno, creo que más que acuerdos y sin temor a decirlo, necesitamos voluntades reales de paz o como bien podría llamarse “una paz paralela”, no creo que se reduzca la credibilidad en los diálogos y si las F.A.R.C y ahora el E.L.N, quieren definitivamente ponerle fin al conflicto, el país agradecería eternamente una declaración de tregua desde ya. No es posible que aún tengamos cifras de reclutamiento de menores y no es posible que usen niños y animales como medios para cometer actos terroristas.

Pareciera que el dolor de las víctimas tampoco fuera un costo visible o por lo menos importante para quienes se sientan a negociar el futuro del país, creo que es fácil considerar una decisión de este tamaño cuando se sufre la guerra en cuerpo ajeno. Un gobierno orgulloso de presentar cifras respetables, debería tener en cuenta que el número de víctimas de esta guerra nunca se ha detenido y los crímenes atroces se siguen cometiendo en medio de promesas de paz que parecen alargarse.

Una vez más, mi llamado es a que declaren una paz paralela a los diálogos y con eso no tengamos que pagar con muertos el precio de una negociación en medio de la guerra.

T. @Lore_Castaneda

 

 

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Miércoles, 08 Enero 2014 00:33

Todo menos la educación

Si el Gobierno y las FARC suscribieron un Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, sobre la base de que debe promoverse el desarrollo económico con justicia social, el desarrollo social con equidad y bienestar y la ampliación de la democracia, la educación,  como eje del desarrollo económico y social que tanto invocan, o la ausencia de ella, que es una de las principales causas del conflicto, tenía que haber sido el primer punto de la agenda de La Habana. Pareciera que a los negociadores, como a la mayoría de los colombianos, todo les importa menos la educación.

Si hay un mérito que haya de reconocérsele al proceso de paz que actualmente se adelanta por el Gobierno y las FARC -fuera de la genuina voluntad que parece impulsar a las partes-, es que pretende atacar las causas que originan el conflicto y darles cabal solución en la fase de implementación. No de otra manera se justifica que la agenda de negociaciones incluya dentro de sus famosos cinco puntos los temas de Una Política de desarrollo agrario integral, Participación política en el postconflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, Víctimas y Fin del conflicto.

Nadie se tragaría el sapo de negociar con las FARC buena parte de los cimientos del Estado colombiano, como los que se están discutiendo, si no fuera porque la única manera de acabar con este absurdo conflicto, bélico y social, es la desactivación de los gérmenes del conflicto, como la desigualdad y la inequidad, y de los agentes que lo han agravado, como el narcotráfico y la sistemática violación de derechos humanos (de parte y parte).

Entonces, si de lo que se trataba era de erradicar las causas del conflicto, ¿por qué las FARC, que posan de adalides de la justicia social, no se la jugaron por la inclusión de la educación en la agenda? ¿Por qué tampoco el Gobierno, que se dice social e impulsor de la innovación como motor del desarrollo?

Si bien es cierto que una política de desarrollo agrario integral, la indemnización de las víctimas y la restitución de las tierras despojadas, temas que sí hacen parte de la agenda, representarían un gran avance, jamás serían suficientes para desactivar las causas del conflicto y combatir la desigualdad, según las confesas motivaciones del proceso de La Habana.

En efecto, el desarrollo económico con justicia social y en condiciones de competitividad no es posible sin conocimiento y progreso técnico, es decir, sin educación. Ya lo decía un ejemplo de reivindicación social, Diego Luis Córdoba, por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. El progreso social con equidad y bienestar no solo no es posible sin educación, sino que es sinónimo de ella. Donde hay educación no hay distinción de clases, diría Confucio. Y la ampliación de la democracia no es otra cosa que la formación de más y mejores ciudadanos, mediante la educación. No en vano el fundador de la Academia sentenció que el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano.

Este proceso de paz era sin duda la mejor oportunidad para transformar el inoperante, ineficaz, ineficiente y atolondrado sistema educativo colombiano, en uno sólido, estable, sostenible y vigoroso, eje del pretendido desarrollo económico y social del país, soporte del presuroso e inclemente postconflicto y hacedor de la verdadera democracia. Las FARC y el Gobierno todavía tienen la sartén por el mango, entonces ¿qué esperan en La Habana para sustituir las AK-47, muerto su creador, por el arma de la educación? Al fin y al cabo la educación es la única herramienta legítima a disposición de los menos afortunados para hacerse parte de la sociedad, la cual, en el caso colombiano, tiende a excluirlos cada vez más.

@HumbertoIzqSaa 

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Lunes, 23 Diciembre 2013 13:01

Mitos y realidades de la tutela

Si me preguntaran por las 3 victorias más importantes de la democracia en Colombia, diría sin pensarlo dos veces que la acción de tutela está en ese top 3. Y lo más seguro es que la daría por ganadora del concurso, porque es la principal garantía para el cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos por la Carta política.

Es una realidad que la tutela impacta directamente en la vida del colombiano de a pie, del que no nació en cuna de oro, del que necesita de la intervención del Estado para tener oportunidades. Es una efectiva herramienta de transformación social. Gracias a la tutela fue posible luchar contra la “tramitología” y el formalismo, tan intrincados en la cultura colombiana, para hacer prevalecer los derechos de las personas sobre la pereza y el capricho del servidor público promedio, y de la mezquindad y la ambición de algunos ricos.

Renunciar a la tutela es entonces inaceptable. Sería un grave e irreparable retroceso en la construcción de una Colombia libre, igualitaria e incluyente. Si quiera poner en duda su necesidad, en Colombia y en cualquier parte, es una irresponsabilidad de marca mayor. Desconocer sus méritos y bondades es un chiste de mal gusto.

Así las cosas, si la tutela es una de las victorias más importantes de la democracia colombiana, utilizarla como caballito de batalla para debilitar al Gobierno ante la opinión pública es igualmente inaceptable. Es lo que pretenden el senador Robledo y quienes lo secundan, o quienes se dejan persuadir con su retórica, al inventarse dos mitos. El primero, que la tutela es –y debe ser- el único mecanismo para hacer cumplir los derechos de los colombianos. El segundo mito, derivado del primero, es que la aprobación del criterio de sostenibilidad y las demás medidas de índole fiscal que lo acompañan van a dar muerte a la tutela y a los derechos que protege.

El primer mito es falso porque la tutela es un mecanismo excepcional al que solo debería acudirse cuando se han agotado los demás mecanismos de defensa judicial, salvo que pueda haber un perjuicio irremediable del derecho fundamental cuyo amparo se solicita.  De lo contrario perdería todo sentido sostener y financiar el complejo y costoso aparato de justicia hoy imperante, cuya función es, justamente, satisfacer las derechos incumplidas de los colombianos eficaz y oportunamente. Pero como no lo hace, la tutela ha dejado de ser la excepción para convertirse en la regla general.

El segundo mito también es falso porque la sostenibilidad fiscal no persigue otro fin más allá de garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, en lugar de transgredirlos o limitarlos. La plata no cae del cielo, me decía mi Mamá cuando era un niño, con la intención de que comprendiera que había que trabajar duro para conseguirla y ser metódico para gastarla e invertirla. Si alcanza para comer y estudiar, a veces no alcanza para el seguro médico. Y si alcanza para el arriendo no alcanza para los juguetes. Suena difícil pero es la realidad de la gran mayoría de los colombianos.

Lo mismo le sucede a los Estados al administrar sus finanzas, y por eso deben ser eficientes en el recaudo y en el gasto para priorizar los recursos hacia la satisfacción de las necesidades consideradas más importantes por el constituyente primario y los electores, que en últimas son la misma cosa. Luego ¡abramos los ojos, y reconozcamos que no hay plata para todo! Seamos conscientes de que si nos gastamos la mitad del presupuesto en solucionar el problema del hacinamiento en las cárceles no queda un peso para atender a la población desplazada, si nos gastamos la otra mitad en educación no queda para asegurar el orden público en el territorio nacional y si nos endeudamos en otro tanto para reparar a todas las víctimas de un tacazo, no solo va a ser imposible seguir pagando las pensiones, sino que los años siguientes va a haber aun menos recursos para todo lo que se necesite. Tampoco sería posible cobrar más impuestos porque la carga tributaria sería tan alta que la evasión aumentaría y la productividad decaería, por obvias razones.

En cuanto a la falta de recursos, la solución es precisamente la sostenibilidad fiscal, para deber menos e invertir más y disponer de cada vez más recursos para el desarrollo económico y social. Esta política ya empieza a surtir sus frutos: le va a permitir al gobierno destinar en el 2014 dos billones de pesos para inversión social, que en ausencia de un marco de sostenibilidad fiscal habrían sido consumidos por el servicio de la deuda pública. Es el resultado de la continuidad de una política que, hay que reconocerlo, comenzó a ser implementada con el “ajuste estructural de las finanzas públicas” en el gobierno Pastrana y ha venido siendo depurada por las tres administraciones que le siguieron.

En cuanto al sobreuso de la tutela, la solución de fondo, natural y obvia, es una reforma a la justicia a través de la cual se asegure la transparencia y suficiencia de los funcionarios judiciales, se los dote de la infraestructura necesaria para cumplir sus funciones de una manera oportuna, eficaz y eficiente y, de esa manera, de una vez por todas, la regla general sea la garantía de los derechos ciudadanos y su incumplimiento la excepción.

Así los colombianos vivirían mejor, confiarían en la administración de justicia y pagarían los impuestos para financiarla con genuina satisfacción. A su vez el sistema judicial sería menos costoso, o por lo menos más eficiente, y habría más recursos que hacen falta para satisfacer tantas y tantas necesidades.

Parágrafo: El mico que los congresistas le metieron a la ley que regula el incidente de impacto fiscal en el artículo 15 es una vergüenza. En palabras breves, aunque la Corte ante quien se interponga la solicitud no acceda a ella, el Gobierno puede acatar el fallo en los términos en los que le plazca, siempre que así lo anuncie en la solicitud de apertura del incidente. ¿Será que al Ministro de Hacienda se le olvidó leer al igual que a Simón y a Juan Carlos Esguerra, con la reforma a la justicia?

@HumbertoIzqSaa

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El Procurador sí era competente para destituir a Petro, como a cualquier funcionario elegido popularmente, por lo menos según las normas vigentes, como lo ha ratificado la Corte Constitucional. La conducta que le fue imputada ameritaba la destitución e inhabilidad, incluso por veinte años, como bien lo anota el Defensor del Pueblo. Cuesta aceptarlo, pero es así.

A un funcionario público elegido popularmente no debería poderlo destituir un ente de control, como la Procuraduría. Es un derecho político cuya limitación solo puede depender de un juez, en un proceso penal, como lo establece el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace parte de la Constitución nacional. Aunque este problema es, sin duda, achacable al diseño constitucional colombiano, entre muchos otros, nunca antes el ejercicio del poder disciplinario había sido objeto de semejante abuso por parte de un procurador. De allí, en parte, el enérgico e indignado rechazo por parte de la opinión pública, capitalizado por una izquierda que se victimiza con el objetivo de apalancar a una tercería que le pelee la presidencia a Santos.

Muchos personajes, brillantes y oscuros, liberales y conservadores, habían pasado por la Procuraduría General de la Nación, pero ninguno como Alejandro Ordóñez había puesto a esa institución en el primer lugar del debate nacional, para mal o para bien, salvo Carlos Mauro Hoyos por su desafortunado asesinato. En un principio Ordoñez parecía ser el enemigo número uno de los corruptos. Le echó mano a la izquierda, con Samuel Moreno; le echó mano a la derecha, con Andrés Felipe Arias. Fue el primero en “meterse” con los que nunca antes se habían metido, era el Harvey Dent de la Bogotá gótica.

Pero el fanatismo religioso y la arbitrariedad que lo caracterizan, acompañados de la cantidad de enemigos que poco a poco fue sumando a su larga lista, en los medios, en la política y en la sociedad, desvirtuaron esa falsa imagen de grandeza y probidad que aparentaba y finalmente Colombia pudo sacudirse de semejante engaño y reconocer el peligro que representaba para la democracia.

Desacató a la Corte Constitucional para pasar por encima de los derechos de las mujeres y las minorías, amenazó a notarios con el poder disciplinario que detenta y puso contra la pared a los médicos que practicaran abortos en el marco del derecho. Se embarcó en una desafortunada y desgastante riña con el Fiscal general por demostrar quién mandaba en el vecindario. Desde entonces traslucía su desdén por la paz, al punto que recientemente se arrogó competencias de jefe de Estado y viajó a la Corte Penal Internacional para oponerse al proceso de paz. Retomó su ritmo destituidor y fue por la cabeza del Superintendente financiero, un tipo decente y conocedor de la materia.

Parecía haber desistido de la posibilidad de destituir a Petro, pero ante la ineptitud y falta de liderazgo de Miguel Gómez para revocarlo por la vía democrática, fracasada en buena parte por las múltiples leguleyadas de las que se valieron Petro y su abogado, el Procurador se dejó presionar por Uribe y Londoño, en las múltiples visitas que le hicieron, según Pachito le confesó en privado a Otty Patiño, ex m-19 y ahora uribista, para hacer moñona. Con la destitución le abro el camino a Pachito para a alcaldía, se lo cierro a Petro, y me los quito a los dos para las elecciones del 2018, pensó el todo poderoso Ordoñez.

La respuesta de Petro ha sido desproporcionada, sin duda. Si bien es cierto que el abuso de autoridad por parte del Procurador es muy grave para la democracia, jamás será comparable con un magnicidio o un genocidio político, como lo sugirió el alcalde al equiparar su destitución con el asesinato de Gaitán y con la masacre de la UP. A propósito, que alguien le recuerde al alcalde que está muy pero muy lejos de arrimarse a la capacidad del caudillo liberal para confundirse con el pueblo que lo aclamaba, y muy lejos también de sus condiciones intelectuales.

Aun más grave fue la incitación reaccionaria de un pueblo embriagado como el que acudió a la Plaza de Bolívar el día de la destitución.  “¡Yo voy hasta donde ustedes me digan!”, arengaba en un acto de irresponsabilidad solo comparable con las invitaciones guerreristas del ex presidente Uribe. ¿Qué esperaba el acalde del pueblo? ¿Que lo respaldara en sus intenciones de apegarse al poder por la fuerza? Todo bajo la descabellada tesis de que fue objeto de un golpe de Estado, como si Bogotá fuera un Estado.

Al igual que el Procurador viajero, Petro se creyó presidente, pero a los dos les falta mucho pelo para la moña, como se dice coloquialmente. Los dos, “Gus”, el caudillo, y “Alejo”, el destituidor, están cortados con la misma tijera, la tijera del capricho, la arbitrariedad, el cinismo, la egolatría: la tijera del totalitarismo.

A los dos les salió el tiro por la culata y no se sabe a cuál le fue peor. Nadie va a votar por Pachito a la alcaldía y ahora, con el descontento general que produjo su decisión, Alejo la tiene de para arriba en el 2018. Gus, ni se diga, porque va a quedar inhabilitado, aunque ha sabido aprovechar la coyuntura para impulsar a Antonio Navarro, Camilo Romero y Aída Avella, mientras le echa el agua sucia al presidente Santos, con el argumento de que es el único que lo puede destituir.

Lo mejor del cuento es que Petro y sus abogados no están tan locos. Resulta que ahora, según una interpretación desafortunada de la Corte Constitucional, el procurador no es el único alto funcionario del Estado que puede destituir a un funcionario elegido por las urnas. También puede hacerlo el Presidente, como si en Colombia ya no fuera lo suficientemente poderoso.

Para mala fortuna de Petro, la sentencia C-229 de 1995 en ningún momento niega la competencia del procurador y, por el contrario, la reafirma. Y lo peor del cuento es que la sentencia fue proferida por los magistrados buenos. ¿Qué no estarán diciendo los malos en sus providencias?

Así que ¡Cuidado alcaldes, pórtense bien con el Presidente, porque los puede destituir!

Parágrafo: Se avecina un nuevo round entre el Fiscal y el Procurador por cuenta de la investigación que el primero acaba de iniciar contra el segundo.

T. @HumbertoIzqSaa

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"La paz no significa el silencio de los fusiles", que rectificó después cuando dijo que "la paz no es la simple desmovilización". Empiezo mi artículo con esta frase preocupante del comandante Iván Marques en Oslo ¿será que si tienen un compromiso con la paz?.

Pues se despacho en mas 33 minutos hablando en contra de las multinacionales, en contra de los empresarios nacionales, en contra de la desigualdad social en Colombia; que si la hay. No  podemos tapar el sol con un dedo. Pero están dispuestos verdaderamente a buscar una mejor sociedad desde la legalidad.

Con un discurso pasado de moda de más de 20 años de antigüedad donde ya el mundo cambio ya la cortina de hierro caño. Ya cambiamos un mundo bipolar por uno multipolar; Ya no existe el comunismo radical o el capitalismo radical ya se puede negociar. El mundo cambio señor Márquez.

En ningún aparte de su discurso habla de lo que se viene para los diálogos de Paz, no reconoce ninguna de sus responsabilidades como grupo insurgente de desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violaciones contra la población civil; y sobre todo contra la violaciones del Derecho Internacional humanitario en más de medio siglo de historia Republicana de nuestro País.

Es preocupante a mi forma de ver el afán que tiene el Gobierno nacional para firmar la Paz. Claro, es un clamor nacional y por esto están mostrándolo el hambre por así decirlo. Este grupo puede utilizarlo a su favor y perder esta gran oportunidad de la búsqueda de nuestra anhelada Paz.
Creo que el Gobierno debería ser mas enfático en sus ideas y no permitir que esto se les salga de las manos como procesos anteriores que por la ingenuidad de Gobernantes perdieron la oportunidad de firmar la Paz 

Por querer firmar la Paz las FARC LES COJE LA MANO Y HASTA EL BRAZO.
Quiero la paz como todos pero no quiero que me vuelvan a ver la cara de tonto que tiene la esperanza de ver mi país sin un solo muerto más por este conflicto estúpido que nadie entiende.

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