Sábado, 22 Febrero 2020

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Jueves, 20 Marzo 2014 12:50

¿Gustavo Petro?

 

El análisis un día antes de su destitución del Alcalde Gustavo Petro, hablaron detractores entre ellos Samuel Hoyos representante electo por Centro Democrático y seguidores entre ellos Daniel Rojas miembro del cómitre distrital por el No. En Palabras Mass, las dos visiones en torno a lo que fue la gestión del Alcalde Petro para creen sus propias opiniones.

 

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El Procurador sí era competente para destituir a Petro, como a cualquier funcionario elegido popularmente, por lo menos según las normas vigentes, como lo ha ratificado la Corte Constitucional. La conducta que le fue imputada ameritaba la destitución e inhabilidad, incluso por veinte años, como bien lo anota el Defensor del Pueblo. Cuesta aceptarlo, pero es así.

A un funcionario público elegido popularmente no debería poderlo destituir un ente de control, como la Procuraduría. Es un derecho político cuya limitación solo puede depender de un juez, en un proceso penal, como lo establece el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace parte de la Constitución nacional. Aunque este problema es, sin duda, achacable al diseño constitucional colombiano, entre muchos otros, nunca antes el ejercicio del poder disciplinario había sido objeto de semejante abuso por parte de un procurador. De allí, en parte, el enérgico e indignado rechazo por parte de la opinión pública, capitalizado por una izquierda que se victimiza con el objetivo de apalancar a una tercería que le pelee la presidencia a Santos.

Muchos personajes, brillantes y oscuros, liberales y conservadores, habían pasado por la Procuraduría General de la Nación, pero ninguno como Alejandro Ordóñez había puesto a esa institución en el primer lugar del debate nacional, para mal o para bien, salvo Carlos Mauro Hoyos por su desafortunado asesinato. En un principio Ordoñez parecía ser el enemigo número uno de los corruptos. Le echó mano a la izquierda, con Samuel Moreno; le echó mano a la derecha, con Andrés Felipe Arias. Fue el primero en “meterse” con los que nunca antes se habían metido, era el Harvey Dent de la Bogotá gótica.

Pero el fanatismo religioso y la arbitrariedad que lo caracterizan, acompañados de la cantidad de enemigos que poco a poco fue sumando a su larga lista, en los medios, en la política y en la sociedad, desvirtuaron esa falsa imagen de grandeza y probidad que aparentaba y finalmente Colombia pudo sacudirse de semejante engaño y reconocer el peligro que representaba para la democracia.

Desacató a la Corte Constitucional para pasar por encima de los derechos de las mujeres y las minorías, amenazó a notarios con el poder disciplinario que detenta y puso contra la pared a los médicos que practicaran abortos en el marco del derecho. Se embarcó en una desafortunada y desgastante riña con el Fiscal general por demostrar quién mandaba en el vecindario. Desde entonces traslucía su desdén por la paz, al punto que recientemente se arrogó competencias de jefe de Estado y viajó a la Corte Penal Internacional para oponerse al proceso de paz. Retomó su ritmo destituidor y fue por la cabeza del Superintendente financiero, un tipo decente y conocedor de la materia.

Parecía haber desistido de la posibilidad de destituir a Petro, pero ante la ineptitud y falta de liderazgo de Miguel Gómez para revocarlo por la vía democrática, fracasada en buena parte por las múltiples leguleyadas de las que se valieron Petro y su abogado, el Procurador se dejó presionar por Uribe y Londoño, en las múltiples visitas que le hicieron, según Pachito le confesó en privado a Otty Patiño, ex m-19 y ahora uribista, para hacer moñona. Con la destitución le abro el camino a Pachito para a alcaldía, se lo cierro a Petro, y me los quito a los dos para las elecciones del 2018, pensó el todo poderoso Ordoñez.

La respuesta de Petro ha sido desproporcionada, sin duda. Si bien es cierto que el abuso de autoridad por parte del Procurador es muy grave para la democracia, jamás será comparable con un magnicidio o un genocidio político, como lo sugirió el alcalde al equiparar su destitución con el asesinato de Gaitán y con la masacre de la UP. A propósito, que alguien le recuerde al alcalde que está muy pero muy lejos de arrimarse a la capacidad del caudillo liberal para confundirse con el pueblo que lo aclamaba, y muy lejos también de sus condiciones intelectuales.

Aun más grave fue la incitación reaccionaria de un pueblo embriagado como el que acudió a la Plaza de Bolívar el día de la destitución.  “¡Yo voy hasta donde ustedes me digan!”, arengaba en un acto de irresponsabilidad solo comparable con las invitaciones guerreristas del ex presidente Uribe. ¿Qué esperaba el acalde del pueblo? ¿Que lo respaldara en sus intenciones de apegarse al poder por la fuerza? Todo bajo la descabellada tesis de que fue objeto de un golpe de Estado, como si Bogotá fuera un Estado.

Al igual que el Procurador viajero, Petro se creyó presidente, pero a los dos les falta mucho pelo para la moña, como se dice coloquialmente. Los dos, “Gus”, el caudillo, y “Alejo”, el destituidor, están cortados con la misma tijera, la tijera del capricho, la arbitrariedad, el cinismo, la egolatría: la tijera del totalitarismo.

A los dos les salió el tiro por la culata y no se sabe a cuál le fue peor. Nadie va a votar por Pachito a la alcaldía y ahora, con el descontento general que produjo su decisión, Alejo la tiene de para arriba en el 2018. Gus, ni se diga, porque va a quedar inhabilitado, aunque ha sabido aprovechar la coyuntura para impulsar a Antonio Navarro, Camilo Romero y Aída Avella, mientras le echa el agua sucia al presidente Santos, con el argumento de que es el único que lo puede destituir.

Lo mejor del cuento es que Petro y sus abogados no están tan locos. Resulta que ahora, según una interpretación desafortunada de la Corte Constitucional, el procurador no es el único alto funcionario del Estado que puede destituir a un funcionario elegido por las urnas. También puede hacerlo el Presidente, como si en Colombia ya no fuera lo suficientemente poderoso.

Para mala fortuna de Petro, la sentencia C-229 de 1995 en ningún momento niega la competencia del procurador y, por el contrario, la reafirma. Y lo peor del cuento es que la sentencia fue proferida por los magistrados buenos. ¿Qué no estarán diciendo los malos en sus providencias?

Así que ¡Cuidado alcaldes, pórtense bien con el Presidente, porque los puede destituir!

Parágrafo: Se avecina un nuevo round entre el Fiscal y el Procurador por cuenta de la investigación que el primero acaba de iniciar contra el segundo.

T. @HumbertoIzqSaa

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Martes, 10 Diciembre 2013 15:25

La penitencia/sanción de Petro

Estoy tan en desacuerdo con el Procurador como con Petro, los dos lo hacen mal en sus cargos y no han sido capaces de lograr lo que la Constitución y las leyes esperan de ellos. Petro no debió salir nunca del congreso, es un orador probo y contaba con un gran equipo de investigación que le permitía ejercer control político y proponer una que otra cosa buena; por otro lado Ordoñez debería estar dando misa, o podría ser nombrado embajador vitalicio en el vaticano, pues, aunque, su verdadera pasión sí es juzgar, él no es capaz de dejar sus convicciones a un lado para hacerlo, por eso le vendría mejor un confesionario que el cargo de Procurador.

Los dos sufren del mal de los extremos, uno es extremadamente terco como para no recibir y acatar los consejos de sus asesores, arriesgándose a contratar un modelo de recolección de basuras sin los requisitos legales durante algunos meses mientras llegaban los carros especializados para esta labor (podría ser que en este momento también: hace pocos días vi una Chevrolet Luv 4x2 sirviendo para la recolección en la Localidad de Chapinero). El segundo es extremadamente subjetivo para un cargo en el que sería más efectivo –por no decir “justo”– si fuera lo más objetivo posible, porque juzgar en derecho es un acto de tanto poder que no lo debe ejercer alguien que no puede dejar a un lado sus convicciones más íntimas, porque aunque pueda hacerlo sus juicios siempre estarán viciados por el contenido de su consciencia.

No cabe duda que las faltas en la contratación del modelo de basuras ameritaban una sanción disciplinaria y tal vez penal, sin embargo en el comunicado que leyó el Procurador no es claro que la sanción se haya impuesto por los errores legales en la contratación, sino por sus efectos (ver comunicado http://www.elespectador.com/noticias/bogota/texto-de-decision-del-procurador-general-destituyendo-a-articulo-463102). En este sentido, haciendo una interpretación literal (exegética, como le gusta al Procurador) de la Constitución y de la ley, Ordoñez no habría podido sancionar al Alcalde, pues la Constitución (artículo 277.6) solo le permite ejercer vigilancia sobre los funcionarios electos y la Ley 80 de 1993 (ley de contratación estatal), en su artículo 62, faculta al Procurador a investigar y sancionar a los funcionarios por falta de observancia de principios y fines en la contratación, sin distinguir entre quienes son elegidos y los que son nombrados.

Sin embargo, supongamos que Ordoñez es un señor abierto y que no le gusta interpretar todo en sentido literal, sino que le gustan las interpretaciones extensivas de la ley y la Constitución, en ese supuesto él tendría la facultad de sancionar a los funcionarios electos, en ese supuesto la sanción –en mi opinión– es exagerada, porque si bien la contratación se hizo por fuera de los parámetros legales, no se ha probado que se haya configurado una conducta delictiva (artículo 410 Código Penal), y más bien, debería sancionarse al alcalde con la suspensión de su labor mientras se comprueba si hubo o no un delito, para después emitir el concepto disciplinario (lo que en derecho se llama prejudicialidad).

Pero a pesar que de derecho saben el Procurador y los asesores del Alcalde, pareciera que al primero se le olvidaran estos conceptos para que sea él el protagonista de las decisiones más importantes que se han tomado últimamente y a los segundos, pareciera, que se les ha olvidado insistirle al Alcalde para evitar que cometa estos errores en la contratación y, además, se les ha olvidado revisarle el discurso, pues ayer dijo que el presidente Santos era la última instancia de la decisión del Procurador y que de él dependía su continuidad en el cargo, lo que es completamente falso, como también es falso que esto sea un golpe de Estado, él debería reconocer que hizo las cosas mal y que, sabiendo que podía ser disciplinado por un enemigo político, se arriesgó a saltarse las normas para cumplir con sus caprichos.

Es evidente que los dos personajes se equivocaron de ocupación: a pesar de que Petro esté intentando hacer de Bogotá una ciudad incluyente y sustentable, está descuidado muchos aspectos de ejecución propias de un Gobierno Distrital o Municipal; a pesar de que Ordoñez sea abogado (hasta inteligente será), él debería estar defendiendo las causas de la Iglesia o de la orden a la que pertenece por fuera de un cargo público, porque –gracias a Dios– Colombia es un Estado laico y acá las sanciones son en derecho no en la fe, acá se sanciona con base en la ley y no con base en la Biblia, acá quince años no son equiparables a quince Padres-nuestros, aunque a Petro le hubiera gustado que esa fuera su penitencia/sanción.

Añadiduras:

*Podría apostarle a cualquiera que en el fallo que resuelva el recurso de reposición el Procurador le rebajará el tiempo de inhabilidad a Petro a unos 12 años, no por las protestas sociales, sino para mostrarle a la clase política colombiana que él hace lo que se le da la gana.

*Definitivamente Uribe no quiere a Francisco Santos, ya lo va a mandar a quemarse a la Alcaldía de Bogotá. Quién va a ir a votar por Pachito, más cuando Uribe ha perdido las últimas tres elecciones en Bogotá…

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