Jueves, 27 Febrero 2020

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Mitos y realidades de la tutela

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Si me preguntaran por las 3 victorias más importantes de la democracia en Colombia, diría sin pensarlo dos veces que la acción de tutela está en ese top 3. Y lo más seguro es que la daría por ganadora del concurso, porque es la principal garantía para el cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos por la Carta política.

Es una realidad que la tutela impacta directamente en la vida del colombiano de a pie, del que no nació en cuna de oro, del que necesita de la intervención del Estado para tener oportunidades. Es una efectiva herramienta de transformación social. Gracias a la tutela fue posible luchar contra la “tramitología” y el formalismo, tan intrincados en la cultura colombiana, para hacer prevalecer los derechos de las personas sobre la pereza y el capricho del servidor público promedio, y de la mezquindad y la ambición de algunos ricos.

Renunciar a la tutela es entonces inaceptable. Sería un grave e irreparable retroceso en la construcción de una Colombia libre, igualitaria e incluyente. Si quiera poner en duda su necesidad, en Colombia y en cualquier parte, es una irresponsabilidad de marca mayor. Desconocer sus méritos y bondades es un chiste de mal gusto.

Así las cosas, si la tutela es una de las victorias más importantes de la democracia colombiana, utilizarla como caballito de batalla para debilitar al Gobierno ante la opinión pública es igualmente inaceptable. Es lo que pretenden el senador Robledo y quienes lo secundan, o quienes se dejan persuadir con su retórica, al inventarse dos mitos. El primero, que la tutela es –y debe ser- el único mecanismo para hacer cumplir los derechos de los colombianos. El segundo mito, derivado del primero, es que la aprobación del criterio de sostenibilidad y las demás medidas de índole fiscal que lo acompañan van a dar muerte a la tutela y a los derechos que protege.

El primer mito es falso porque la tutela es un mecanismo excepcional al que solo debería acudirse cuando se han agotado los demás mecanismos de defensa judicial, salvo que pueda haber un perjuicio irremediable del derecho fundamental cuyo amparo se solicita.  De lo contrario perdería todo sentido sostener y financiar el complejo y costoso aparato de justicia hoy imperante, cuya función es, justamente, satisfacer las derechos incumplidas de los colombianos eficaz y oportunamente. Pero como no lo hace, la tutela ha dejado de ser la excepción para convertirse en la regla general.

El segundo mito también es falso porque la sostenibilidad fiscal no persigue otro fin más allá de garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, en lugar de transgredirlos o limitarlos. La plata no cae del cielo, me decía mi Mamá cuando era un niño, con la intención de que comprendiera que había que trabajar duro para conseguirla y ser metódico para gastarla e invertirla. Si alcanza para comer y estudiar, a veces no alcanza para el seguro médico. Y si alcanza para el arriendo no alcanza para los juguetes. Suena difícil pero es la realidad de la gran mayoría de los colombianos.

Lo mismo le sucede a los Estados al administrar sus finanzas, y por eso deben ser eficientes en el recaudo y en el gasto para priorizar los recursos hacia la satisfacción de las necesidades consideradas más importantes por el constituyente primario y los electores, que en últimas son la misma cosa. Luego ¡abramos los ojos, y reconozcamos que no hay plata para todo! Seamos conscientes de que si nos gastamos la mitad del presupuesto en solucionar el problema del hacinamiento en las cárceles no queda un peso para atender a la población desplazada, si nos gastamos la otra mitad en educación no queda para asegurar el orden público en el territorio nacional y si nos endeudamos en otro tanto para reparar a todas las víctimas de un tacazo, no solo va a ser imposible seguir pagando las pensiones, sino que los años siguientes va a haber aun menos recursos para todo lo que se necesite. Tampoco sería posible cobrar más impuestos porque la carga tributaria sería tan alta que la evasión aumentaría y la productividad decaería, por obvias razones.

En cuanto a la falta de recursos, la solución es precisamente la sostenibilidad fiscal, para deber menos e invertir más y disponer de cada vez más recursos para el desarrollo económico y social. Esta política ya empieza a surtir sus frutos: le va a permitir al gobierno destinar en el 2014 dos billones de pesos para inversión social, que en ausencia de un marco de sostenibilidad fiscal habrían sido consumidos por el servicio de la deuda pública. Es el resultado de la continuidad de una política que, hay que reconocerlo, comenzó a ser implementada con el “ajuste estructural de las finanzas públicas” en el gobierno Pastrana y ha venido siendo depurada por las tres administraciones que le siguieron.

En cuanto al sobreuso de la tutela, la solución de fondo, natural y obvia, es una reforma a la justicia a través de la cual se asegure la transparencia y suficiencia de los funcionarios judiciales, se los dote de la infraestructura necesaria para cumplir sus funciones de una manera oportuna, eficaz y eficiente y, de esa manera, de una vez por todas, la regla general sea la garantía de los derechos ciudadanos y su incumplimiento la excepción.

Así los colombianos vivirían mejor, confiarían en la administración de justicia y pagarían los impuestos para financiarla con genuina satisfacción. A su vez el sistema judicial sería menos costoso, o por lo menos más eficiente, y habría más recursos que hacen falta para satisfacer tantas y tantas necesidades.

Parágrafo: El mico que los congresistas le metieron a la ley que regula el incidente de impacto fiscal en el artículo 15 es una vergüenza. En palabras breves, aunque la Corte ante quien se interponga la solicitud no acceda a ella, el Gobierno puede acatar el fallo en los términos en los que le plazca, siempre que así lo anuncie en la solicitud de apertura del incidente. ¿Será que al Ministro de Hacienda se le olvidó leer al igual que a Simón y a Juan Carlos Esguerra, con la reforma a la justicia?

@HumbertoIzqSaa

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Humberto Izquierdo

Abogado de la Universidad del Rosario y profesor auxiliar de Derecho de la Hacienda pública de esa misma institución. Especialista en Derecho penal de la Universidad de Salamanca, España. Cursando especializaciones en Derecho penal y tributario en la Universidad del Rosario. Líder estudiantil, liberal, de pensamiento y de partido, obsesionado y apasionado por construir una Colombia educada, igualitaria y sobre todo en paz.

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